El certificado de Ley 300 en Puerto Rico, es usado para corroborar el historial criminal que puedan tener aquellas personas que trabajen en instituciones relacionadas con la atención de niños, personas con impedimentos o adultos mayores. Conoce aquí todo sobre esta Ley.

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Abuso de niños, personas con impedimento y ancianos en Puerto Rico

En los últimos años el abuso a poblaciones vulnerables como niños y adolescentes, personas con impedimento y ancianos, ha aumentado de forma alarmante. El maltrato a niños se conoce como todas aquellas acciones de violencia realizadas por un padre, maestro, cuidador o cualquier figura cercana al niño, que tenga como resultado algún daño físico, emocional o sexual.

Cada año en Puerto Rico se reportan más de treinta mil casos de maltrato a niños, distribuidos en violencia física, abuso sexual, abandono y negligencia, no solamente por parte de los padres sino de personas cercanas como maestros y cuidadores.

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En el caso de las personas con impedimentos, las estadísticas demuestran que un gran número de personas con discapacidad, impedimento físico o intelectual son agredidas físicamente por sus cuidadores, sometidas a confinamiento, explotadas y en muchos casos abusadas sexualmente por personas allegadas a su entorno.

Los ancianos por su parte también son víctimas de maltrato, aunque mundialmente este problema de salud pública no sea tan evidente por no denunciarse con frecuencia. El maltrato en anciano puede ser definido como aquel acto que produzca un daño, o alguna acción que se haya realizado bien sea una vez o en repetidas ocasiones que haya ocasionado el sufrimiento en un adulto mayor”.

Este tipo de acciones de maltrato en ancianos se ven reflejadas en agravios emocionales, sexuales, económicos, emocional, en negligencia en los cuidados, abandono, descuido, explotación económica, entre otros.

En vista de la situación antes mencionada con respecto a los niños, personas con discapacidad y adultos; ha surgido la necesidad de aumentar las medidas de protección y prevención a favor de estas poblaciones que resultan más vulnerables dentro de la sociedad, ya que en los tres casos, es un factor común la necesidad de una figura de protección y cuidado.

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Sin embargo, como se dijo anteriormente estos daños y acciones de violencia y maltrato, muchas veces pueden venir de parte de los mismos cuidadores; y por ser estas poblaciones más indefensas, esto causa que en ocasiones estos no denuncien la situación o sean incapaces de manifestarlo a un agente externo que los pueda ayudar; o por otro lado, sea difícil detectar que existe un agresor cercano al niño, anciano o persona con discapacidad. Para evitar estos riesgos fue creada La Ley 300.

Ley 300 ¿Qué es?

La Ley 300 tiene su origen en el año 1990. Es conocida como Ley 300 pero en realidad recibe el nombre de “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos, adultos mayores y Profesionales de la Salud”. Esta Ley fue enmendada en el año 2015 por la Ley número 224 como parte de las medidas de protección a las poblaciones más vulnerables que requieren de proveedores de cuidados.

Esta Ley se crea con el fin de prevenir los constantes abusos que se denuncian en contra de los niños, ancianos y personas con discapacidad. Esta normativa busca disminuir los daños a estas poblaciones a través de la verificación de los antecedentes penales de las personas que pretendan trabajar en instituciones que brinden servicio a estas poblaciones, para proteger a las mismas de abusos de cualquier tipo.

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Esta verificación se realiza a través de bases de datos proporcionadas por el gobierno y las instituciones de seguridad, como policías, FBI, departamentos de seguridad, agencias estatales y federales, de cualquier región y jurisdicción de los Estados Unidos las cuales facilitan el envío de cualquier información delictiva del individuo a las Agencias Responsables.

Según la ley de verificación de credenciales e historial delictivo, ninguna persona que pretenda entrar a una institución relacionada con la prestación de servicio a estas poblaciones y opte a un empleo en uno de estos lugares podrá hacerlo si se ha visto involucrado en algún proceso judicial que lo vincule directa o indirectamente con un delito de maltrato a menores, personas con impedimento o adultos mayores.

Tampoco podrá desempeñar algún cargo en ninguna institución o empresa a fin en el caso de que haya estado privado de libertad o haya sido convicto por abuso sexual, a cualquier persona, violencia de género, violencia infantil y otro tipo de delitos graves que no tengan que ver con esta población pero que los descalifique de estos cargos. Esta medida se toma ya que las personas proveedoras de cuidados a esta población deben mantener un perfil social, psicológico y civil especifico.

Las empresas e instituciones relacionadas directamente con la prestación de servicios y cuidados a esta población, que deseen hacer reclutamiento de personal, deben tener en cuenta que este certificado es un requisito indispensable para poder contratar a cualquier persona, pues comprueba que la persona no ha sido participe de algún tipo de violencia y resguarda la seguridad y protección de esta población.

Puerto Rico Back Ground Check Program

El reconocimiento y la revisión de los datos antes señalados por la Ley 300, se realizan a través del sistema Puerto Rico Back Ground Check Program. Este programa federal establece como obligación al Departamento de Salud de Puerto Rico y su Secretario, el crear el Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe), el cual consiste en la captación y recopilación de información del solicitante, a través de formularios y procedimientos específicos.

Los formularios a llenar en el sistema, pedirán información personal y penal del individuo, como antecedentes, perfil psicológico, etc. De la misma manera, le serán tomadas sus huellas digitales y una fotografía que permita mantener la constante vigilancia del comportamiento social y legal de las personas que requieren un trabajo de este tipo.

Estos datos recopilados por el SICHDe, son pasados al Puerto Rico Back Ground Check Program, el cual los usará como una forma de monitorización de los individuos que laboren en instituciones de provisión de cuidados a personas con impedimento, ancianos y niños.

El Puerto Rico Background Check Program funciona como un programa de seguridad que sirve como una especie de filtro en función de recolectar los datos, reconocer y detectar a las personas que puedan resultar peligrosas o no aptas para la prestación de servicio de cuidados a niños, adultos mayores y personas con impedimentos físicos y/o intelectuales.

 

A través del Sistema Integrado de Credenciales e historial Delictivo (SICHDe) el Puerto Rico Background Check Program reune un conjunto de sistemas de bases de datos que proporcionan informacion penal y judicial de los individuos que solicitan la verificación de antecedentes penales por medio de la Ley 300.

Esto permite que las personas vulnerables antes mencionadas, que acuden a servicios de cuidados permanentes como hospitales, guarderías o centros de cuidados que requieran una estancia permanente, estén protegidas y seguras de que el personal que los atenderá cuenta con un perfil seguro, y estos no corren riego de algún tipo de maltrato o abuso por parte de sus cuidadores, ni del personal que labora en estos lugares.

Requisitos para solicitud de certificación Ley 300

La solicitud ley 300 la realizan las personas que optan por cargos de trabajo en instituciones, organismos y empresas autorizadas para el trabajo con menores de edad, personas con impedimento físico o intelectual y ancianos, como parte de los requisitos para entrar a trabajar a dicha institución. Dentro de estos trabajadores también entran los profesionales y obreros del sector Salud.

Este certificado se pide en instituciones como hospitales, centros de salud, guarderías, centros educativos pre-escolares, centros de cuidados geriátricos, centros de salud mental donde los pacientes sean internados, entre otros.

Los requisitos para ley 300 dependerán de la región donde se encuentre la persona. Sin embargo en líneas generales, se solicitará a la persona que presente un formulario de solicitud de certificación Ley 300, correctamente llenado con los datos que se piden en esta planilla.

Además, el solicitante deberá presentar el Certificado de Antecedentes penales en original y su respectiva copia, el cual se solicita de forma electrónica por la página web del gobierno puertorriqueño y llega al correo de la persona. Es importante que este documento haya sido expedido en un periodo menor a 30 días, ya que de lo contrario, perderá la vigencia y no se podrá completar el procedimiento.

Por otro lado, deberá presentar el documento de identidad en vigencia, puede presentar la licencia de conducir como documento de identificación, pero no debe estar vencido. También presentará el certificado de residencia que compruebe la dirección de la vivienda donde reside. Y por último dos fotos resientes, tamaño pasaporte con un fondo unicolor.

Todos estos documentos los deberá llevar a las oficinas de la policía municipal donde resida, para formalizar la solicitud del certificado de Ley 300. Al realizar esta solicitud, los datos de la persona serán pasados al Puerto Rico Back Ground Check Program para posteriormente ser verificados y general el historial de la persona y de esta manera poder otorgar la certificación de Ley 300 que lo autorice para trabajar con niños, personas con impedimento y ancianos.